La Fiscal Lucy Laborde imputó nuevos cargos a Nicolás Petro por los delitos de interés indebida de celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencia, falsedad en documento público y privado y falso testimonio relacionados con la contratación que existía entre la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico para la atención de personas de la tercera edad en los municipios del Atlántico.

La Fiscal expresó en la audiencia que para la fecha de los hechos Nicolás Petro Burgos era diputado del Atlántico y presuntamente usando su posición política en la Asamblea departamental habría direccionado los mencionados contratos de la Gobernación hacia esa fundación, quien tiene como representante legal a Gustavo De la Ossa. 

Aclaró la Fiscalía que esta investigación se desprendió luego de sustraer información del celular de Daysuris Vásquez, entonces esposa de Nicolás Petro. 

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Primero se le abrió un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que se encuentra en etapa preparatoria a juicio. Sin embargo, durante las audiencias preliminares por este caso el juez consideró compulsar copias para que se investigara otras posibles conductas que se podían desprender del mismo.

Fue así como la Fiscalía inició las investigaciones previas que conllevó a este lunes 10 de noviembre a que se le imputara nuevos cargos al hijo del Presidente Gustavo Petro.    

La Fiscal precisó que “usted (Nicolás Petro) se apropió presuntamente de manera dolosamente de recursos públicos”. 

La representante de la Fiscalía expresó en la audiencia que Nicolás Petro presuntamente influyó para la entrega de contratos de la Gobernación a la mencionada fundación para supuestamente atender personas de la tercera edad en los municipios. Uno de los contratos de 400 millones y otro por 572 millones de pesos.

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Así mismo detalló que en medio de esos contratos se entregaron un anticipo de 200 millones de pesos a la que presuntamente Nicolás Petro y su entonces esposa Daysuris Vásquez se apoderaron de 120 millones, mientras que otros 40 millones se los quedó supuestamente Gustavo De la Ossa, representante legal de la fundación y otros 40 millones para otro funcionario que habría participado en el direccionamiento del contrato.

“Usted (Nicolás Petro) se interesó indebidamente en estos contratos y determinar con la fundación como contratista para solventar los intereses personales suyos, de Daysuris Vásquez y de Gustavo de la Ossa”, dijo la Fiscalía. 

Reveló la Fiscalía que hubo otros anticipos de los contratos por intermedio de cheques y en efectivo y el total en la que Nicolás Petro se habría apropiado de dinero habría sido de 511 millones de pesos.

Uno de esos anticipos se les habría entregado en efectivo en varias maletas en donde un escolta, de apellido Díaz,  fue a recogerlos en el norte de Barranquilla 

Adicionalmente, relató la Fiscal, Nicolás Petro Burgos habría incidido para la contratación de personal para la fundación y en los documentos presentaron un pago elevado de sus sueldos, pero en realidad les pagaban menos para apoderarse también de la diferencia monetaria.

La defensa intervino y pidió a la Fiscalía aclarar si está dentro de un delito como tráfico de influencia particular o como funcionario público. 

Señaló que la Fiscalía debe explicar cómo influyó Nicolás Petro para que los contratos de la Gobernación fueran entregados a la mencionada fundación.

“Así sea de manera mínima dar a conocer para saber de qué nos vamos a defender”, dijo el abogado Carranza.  

El Juez le pidió a la Fiscalía que verifique las dudas de la defensa y suspendió la audiencia para continuarla el próximo miércoles 12 de noviembre a las 2 de la tarde y así el ente acusador tenga tiempo para aclarar las mismas. 

Defensa intentó que no se realizara la audiencia 

Antes de iniciar la audiencia, el abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, había solicitado que se suspendiera la misma por varias razones: una porque según la Fiscalía no le había notificado a la defensa sobre cuáles el motivo de la imputación, otra porque se había recusado a la representante de la Fiscalía y adicionalmente porque había una tutela en curso.

No obstante, el juez no accedió a la suspensión en primer lugar porque la audiencia de formulación de imputación es una mera comunicación y allí la defensa sabrá la teoría del caso así como cuáles son los delitos que se le imputan. Adicionalmente, que la defensa puede pedir un aplazamiento razonable para prepararse y presentar sus elementos materiales probatorios para la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

Con referencia a la recusación, el juez dijo que el mismo ya había sido resuelto por el superior de la representante de la Fiscalía.  

Por último, frente a la tutela, explicó que la defensa no solicitó ante el juez de tutela la suspensión de la mencionada audiencia y tampoco se suspende porque no se vulnera los derechos procesales de Nicolás Petro.